Quienes trabajamos todos los días con las palabras sentimos que, frente a casos como el Zulema Vargas, nos quedamos sin ellas. O que no nos alcanzan para dimensionar su tragedia personal.
Esta mujer de 25 años, integrante de una familia numerosa que trabaja la tierra en Chapanay, perdió un embarazo de siete meses a raíz de la brutal golpiza que recibió de parte de dos asaltantes que irrumpieron violentamente en su humilde vivienda.
La desmesura del ataque, que incluyó golpes a un hermanito de 5 años, tuvo como colorario
–además del daño irreparable de una vida– el singular botín dos celulares y ocho litros de nafta.
El hecho ocurrió el mismo día en que, también en San Martín, lograban dar con el cadáver del comerciante de 58 años que era buscado intensamente desde el domingo.
Sin embargo, para la mayoría de los medios el caso de Zulema mereció un espacio secundario, casi marginal. Como si se no se hubiera dimensionado la gravedad de lo ocurrido a esta joven.
También aquí había una vida malograda. Una vida que ni siquiera tuvo la oportunidad de llegar al mundo porque los asesinos se ensañaron con una madre indefensa.
Decir que ella vive en una zona insegura, donde es frecuente que asalten a los lugareños, no facilita el análisis ni alcanza para justificar lo irracional.
En todo caso, cuestiona aún más la falta de respuesta de una fuerza policial que no puede frenar el avance del delito en ese distrito.
La impunidad con que se mueven los delincuentes en Mendoza no acusa –aún– recibo de los tantos proyectos que se vienen aprobando en la legislatura provincial con el objetivo de dinamizar la justicia.
El derrame de esas iniciativas todavía no llega a las calles, donde los motochorros siguen siendo amos y señores, y a punta de pistola aterrorizan, roban y hieren a diario a los ciudadanos de a pie.
En tren de creer que algo siempre se hace, ayer se detuvo a uno de los sospechosos del asesinato del bebé de Zulema.
Hacer justicia por ella y su pequeño, pero también por otros tantos mendocinos que padecen alguna de las formas del delito, es una obligación y un compromiso que los responsables del área no pueden demorar a cuenta de futuras leyes.
(Diario UNO, 27 de agosto de 2016)
