El alquiler de vientres o, su versión técnica “maternidad subrrogada”, se transformó en uno de los temas fuertes de la semana.
En cierta forma, logró sacar del foco mediático de la provincia las pujas cotidianas de la política, tan potenciada este año por las reiteradas citas con las urnas.
Es que estamos ante una problemática tan sensible, de aristas complejas y tremendos vacíos legales, que es imposible quedarse en el rol de meros espectadores.
Diario UNO publicó una serie de notas en los últimos días que revelaba un caso testigo que encendió la alerta en ámbitos judiciales, policiales, de Derechos Humanos e incluso periodísticos.
Detrás de un simple embarazo puede encubrirse una organización delictiva con mecanismos muy aceitados para burlar la ley o transitar donde ésta aún no llega.
Para eso es preciso que intervengan abogados, médicos y otros profesionales que garanticen la combinación exacta de oficio y deshumanización para que el comercio de la vida pueda prosperar. 
El testimonio de una humilde mujer de Godoy Cruz, que confesó haber cobrado $200.000 de un médico chileno, ayudó a cerrar parte de un círculo que, se especula, es mucho más grande.
La peculiar estrategia salió a la luz esta semana cuando dos hombres chilenos intentaron abandonar la provincia por el aeropuerto local con una bebé de días.
Al personal de Seguridad no le cerraba el testimonio del médico trasandino, lo que abrió la puerta para desarmar a través de la Fiscalía de Delitos Complejos una posible red dedicada a ubicar a madres de bajos recursos y pagarles para gestar niños destinados a parejas de buen pasar. 
Lo que reveló este circuito, que en Mendoza era motorizado en parte por la agencia Argentina Maternity (la cual cerró sorpresivamente el jueves), es que en casos similares al de los chilenos, habrían salido del país unos cuantos bebés. 
Y esto es muy probable dado que la ley aún presenta grietas tan profundas que un letrado con amplio conocimiento puede hacer posible que los pequeños circulen como mercancía.
Queda fuera de todo juicio la opción de la maternidad subrogada; lo que sí exige un seguimiento más estricto de la justicia y los gobiernos es detectar en qué condiciones se producen estos acuerdos tan sui generis. 
No seguir los pasos imprescindibles sería lo mismo que admitir y fomentar la trata de personas.

(Diario UNO, 23 de agosto de 2015)

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