La sola mención de la palabra “aborto” les produce a los políticos una inmediata reacción de incomodidad. Un indisimulado escozor.
Es de esos temas que preferirían no tener que debatir y, mucho menos, que votar.
Entran en juego convicciones religiosas, morales, sociales y hasta personales. Pero ante todo, lo que más pesa en sus silencios, dilataciones o chicanas, es la evaluación del impacto, presente o futuro, que tendrá en las urnas.
Consideran que una sociedad conservadora -que ya no es tal- no les perdonaría expresarse a favor de la interrupción del embarazo.
Ante ese escenario, donde a manera de castigo perderían votos, prefieren patear la pelota hacia adelante o dormir los proyectos por años para evitarse tamaño dolor de cabeza.
Si bien la Corte Suprema de Justicia ratificó en 2012 lo expresado por el artículo 86 del Código Penal, acerca del aborto no punible, en casos en que corre peligro la vida o la salud de la mujer o los embarazos son producto de una violación, Mendoza sigue en falta.
Cuando el ministerio de Salud de la Nación actualizó los fundamentos de esa normativa, estableció que ésta es obligatoria para todo el territorio argentino, tanto en el sector privado como público.
A este protocolo deben adherir las provincias. La nuestra, sin embargo, aún demora ese paso fundamental, pero no es la única. Sólo ocho estados han adherido al mandato de los máximos organismos de la justicia y de la salud.
Aquí no sólo no se avanza, sino que la discusión se traslada al terreno personal. Ayer, sus pares buscaron darle una suerte de escarmiento a la senadora del FIT, Noelia Barbeito, quien fiel a su estilo de irse cuando hay que votar, no participó de la aprobación de los pliegos de 16 jueces.
Por eso, a la hora de fundamentar su proyecto, fue escuchada por muy pocos legisladores.
Al menos, la escasa presencia le alcanzó para que tres comisiones debatan su propuesta. Una garantía de que la provincia seguirá por un largo tiempo sin contar con un protocolo que garantice la interrupción del embarazado acorde con lo que establece la ley.
Con lo ocurrido ayer en la Casa de las Leyes, se confirma que en su mayoría los legisladores continúan sin sintonizar con una sociedad que ha evolucionado mucho más rápido que ellos.
(Diario UNO, 1 de julio de 2015)
