En medio del llanto, la vecina de Ayelén (la chica de 19 años asesinada ayer por su padre)contaba ante la cámara de Canal 7 lo que ahora, en frío y pasado lo peor, amerita investigar a fondo: el homicida ya había sido formalmente denunciado por su hija. Sin embargo, pudo llegar hasta ella y matarla.
El 14 de setiembre la joven se había presentado en una oficina fiscal de Luján para acusar al hombre por un abuso sexual ocurrido hace tres años y medio.
La Justicia ordenó la exclusión de Roque Arroyo del hogar que compartía con Ayelén.
Si bien el fiscal del caso le tomó declaración, lo dejó libre mientras se desarrollaba la instrucción. Por tratarse de un hecho ocurrido hacía unos años, paradójicamente ese tiempo jugó a favor del asesino y en contra de la víctima.
El padre de la chica no soportó estar bajo la lupa judicial y fuera de su casa, por lo que tomó la decisión más extrema: vengarse de su hija matándola delante de su nieto de un año y de otro hijo de 11.
Aunque se haya procedido conforme a lo que marca la ley, volvió a fallarse en la contención de la víctima.
Alejarlo de la adolescente, que era víctima de abusos y maltratos desde hacía muchos años, según confirman en su entorno, no era garantía de que el hombre no fuera a atacarla en cualquier momento.
Hay incontables casos similares en la previa de otros tantos femicidios que se podría decir que el de Ayelén era un final previsible.
No es arbitrario sostener que hubo abandono de persona cuando nada impedía un acercamiento del agresor, aunque el fiscal asegure que había una orden de restricción. Como si a los femicidas esa disposición lograra disuadirlos.
Pero ese abandono no es sólo de la Justicia que intervino a raíz de la denuncia de la chica. Es del Estado en su totalidad, que atiborra de personal sus oficinas pero no envía a los profesionales en temas de vulnerabilidad social a que se embarren los zapatos en barrios como el de Ayelén.
Esta vez la solidaridad de los vecinos de la chica asesinada, que solían ayudarla con ropa, comida y a veces contención, no alcanzó para protegerla de la brutalidad paterna.
Lo que debería alcanzar son las escalofriantes estadísticas para que la Justicia y los organismos públicos alguna vez reaccionen a tiempo.
(Diario UNO, 29 de setiembre de 2016)
