El “dietazo” de los legisladores fue, junto con los vaivenes en el aumento del gas, la crisis de la AFA y la vuelta de Tinelli a la pantalla, uno de los temas que marcaron la semana.
Por lo que representa en estos tiempos de vacas flacas, no debería quedar como una anécdota más o una noticia sepultada por otra más impactante.
Amerita que las palabras que algunos diputados y senadores dijeron para salir del paso ante la consulta periodística no queden tan rápido en el olvido.
En esa ocasión, remarcaron que el cobro del aumento era legal (lo cual es cierto) ya que están atados al sueldo del Gobernador, tal como lo dispone la Ley de sueldos. Ésta establece que cada vez que haya un acuerdo en paritarias ellos también recibirán una actualización de sus haberes.
“Lo que hay que hacer es plantear una nueva ley de sueldos”, fue la frase ad hoc repetida por ciertos legisladores culposos.
Sin embargo, el mismo día, en el recinto la senadora Noelia Barbeito (quien había deschavado públicamente el alza de unos $11.000), propuso debatir la polémica suba. Lo único que logró la representante del FIT fue el rechazo generalizado de sus pares.
Es decir que intención de darle racionalidad a los sueldos, por ahora, no existe. Por lo cual no debería sorprenderles que en las encuestas de opinión se perciba a los legisladores como poco afectos al trabajo.
Es más, la productividad tendría que ser un elemento de peso para que los cuestionados salieran a refutar las críticas.
Si ese análisis recayera en un año electoral, no habría dudas: quedarían debiendo plata. Por caso, la escasa actividad que mostraron las legislaturas de todo el país durante el 2015 exime de comentarios.
Superada la pugna por las urnas, se retomó una dinámica algo más normal, pero tampoco es que ahora destaquen por lo extenuante de su tarea.
Una de las razones por las cuales a muchos argentinos la política les genera una sincera desconfianza es, como en este caso, que no se preocupen en sincerar un sueldo acorde a la tarea encomendada.
Refutar esa visión –o prejuicio– sería posible con una dinámica legislativa que incluya, además de una buena dosis de autocrítica, una mayor producción y calidad de leyes, la reducción de asesores ociosos y actuar en serio como un auténtico contralor de los poderes Ejecutivo y Judicial.
Quizás así no resultarían tan obsceno esos $70.000 que cobran hoy sin ponerse colorados.
(Diario UNO, 5 de junio de 2016)
