La única forma de evitar que la discusión acerca del pase a planta de los contratados se repita año tras año es que de una vez por todas se transparente el ingreso al Estado.
El fenomenal crecimiento que viene experimentando la plantilla de empleados es directamente adjudicable a cada gestión, sea esta peronista o radical.
Ninguno achicó, por lo tanto en mayor o menor medida ambas fuerzas políticas fueron responsables de engordar el staff del Ejecutivo provincial.
Y no estamos hablando de puestos claves
en la salud, la educación o la justicia, si no en áreas u organismos considerados más permeables a la incorporación de militantes o
personal no imprescindible.
En junio de 2011, el entonces gobernador Celso Jaque firmaba el decreto 1.112, que reglamentaba el régimen de concurso para ingresos o ascensos en el Estado.
De acuerdo con esa normativa, se afirmaba que una vez publicada en el Boletín Oficial, “nadie más podrá entrar a la Administración Central o ascender en el cargo si no rinde el concurso...”.
Sin embargo, pese a la letra fría, la situación no varió y el Estado siguió engrosando su osamenta.
Uno de los puntos de convergencia en los debates protagonizados por los dos principales candidatos a gobernador, Adolfo Bermejo (FPV) y Alfredo Cornejo (UCR), ha sido el necesario ordenamiento del Estado en materia de personal.
Para el peronista, no se trata de echar empleados si no de hacerlos trabajar más y mejor. Para el radical, hay que garantizarle el puesto a aquellos que trabajan y prescindir de los ñoquis.
Ayer, el oficialismo impuso su mayoría en la Cámara de Senadores y consiguió la homologación de los acuerdos paritarios.
De esta manera se ratificó la incorporación de 1.000 contratados, pese a los planteos puntuales del radicalismo para condicionar a aquellos casos vinculados a cargos políticos.
Sellado lo acordado en su momento en paritarias, la discusión queda nuevamente habilitada para lo que vendrá.
Sincerar que el problema de fondo no es la cantidad si no el para qué, es clave para definir qué modelo de Estado queremos para la provincia.
(Diario UNO, 10 de junio de 2015)
