El reciente paro impulsado por la polémica dupla dirigencial integrada por Hugo Moyano y Luis Barrionuevo aún sigue levantando polvareda.
La contundencia que alcanzó, sobre todo por la estratégica adhesión de los gremios del transporte, no logró acallar la disidencia de miles de argentinos.
La mayoría de los cuales no comulga con los organizadores, más de allá de compartir el diagnóstico que sustentó la huelga: inflación, inseguridad, impuesto a las ganancias, etcétera.
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La medida de fuerza no incluyó movilizaciones ni un acto central para el lucimiento discursivo de los popes sindicales.
No obstante, los sectores de izquierda optaron por manifestarse a través de los controvertidos piquetes. Una acción que, como queda demostrado en cada oportunidad, termina afectando mayormente a trabajadores que no pueden llegar a destino y pierden el presentismo.
Además de lo básico, que es impedir la libre circulación garantizada desde la letra misma de la Constitución Nacional.
Cada vez que se plantea darle racionalidad a los reclamos, se cuestiona a quien realiza el planteo con la pueril chicana de que no se respeta la libertad sindical o, peor aún, que hay persecución a quienes se manifiestan.
Hemos escrito reiteradas veces en este espacio editorial que no se cuestionan ni se ponen en duda la legitimidad de los reclamos.
Sí se repudia cuando en virtud de esas reivindicaciones sectoriales se termina afectando al resto de la sociedad.
Como toda expresión política, el kirchnerismo ha ido mutando en la última década. Un país es como un organismo vivo que necesariamente debe estar en movimiento y su sistema político es quien activa su acción y reacción.
Sólo así se puede entender que lo que ayer alentó y defendió desde lo ideológico y lo fáctico ahora pretenda regularlo.
Un proyecto impulsado por el diputado del FPV, Carlos Kunkel irrumpió en el Congreso a efectos de establecer “reglas precisas de convivencia” para la ciudadanía ante las manifestaciones públicas.
Ya en su discurso del 1º de marzo, la presidenta Cristina Fernández había reclamado la necesidad de sancionar “una norma de respeto y convivencia urbana”.
En buena hora si este cambio de rumbo contribuirá para hacer tangible eso de que “el derecho de uno termina donde comienza el de los demás”.
(Diario UNO, abril de 2014)
