Un oficio terrestre

Al final, una solución, por pequeña que fuese, existía para desenmascarar a los corruptos. Bastó un GPS (ese aparatito que nos permite fijar a escala mundial la posición de un objeto, persona o vehículo, con precisión casi milimétrica), para que un programa de tevé -Caiga Quien Caiga- pusiera al descubierto a un concejal que se quedó con una donación destinada a los afectados por el alud de Tartagal.
La trampa fue simple y efectiva: se colocó el GPS a un aparato de aire acondicionado portátil y, al cabo de unos meses, se lo rastreó por satélite. Clarito apareció en la pantalla de seguimiento que tal dispositivo estaba en la casa del (ir)responsable de distribuir las donaciones para los damnificados. Hugo Torina, tal su nombre, había mordido cándidamente el anzuelo de Gonzalito y los suyos.
No es la primera vez que algo así ocurre y seguramente no será la última, pero en estos días en que se hace más sostenido el pedido de donaciones de todo tipo para los hermanos chilenos, uno quisiera que cada paquete que cruza la frontera incluyera su correspondiente GPS para saber que efectivamente llegó a sus destinatarios.
Habrá quienes tomen estas palabras como una invitación a desconfiar porque sí o a dudar de plano y no colaborar, cuando en realidad buscan todo lo contrario: hacer que toda esa genuina solidaridad no se limite al gesto humanitario y pueda efectivizarse en una ayuda concreta, real.
Desentendernos de seguir el tranco a la cadena que comienza en quien tuvo la voluntad de donar y que debería terminar en quien necesita ese litro de leche, esa agua, ese abrigo, haría que todas estas acciones bien intencionadas quedaran reducidas apenas a tranquilizar nuestras conciencias y no mucho más.
Casos como el denunciado por CQC muestran cuán necesario es que los medios cumplan en ciertas ocasiones el rol de fiscales para garantizar la transparencia. El concejal Torina, quien cabizbajo admitió en cámara su “error”, debió renunciar y el mayor castigo que cosechó fue el escarnio público. Quedó, aunque más no sea en este caso, la agradable sensación de que la impunidad perdió un round.
Es cierto, quedan muchos aún y lamentablemente no contamos con una versión ciudadana de la “Mole” Moli como para nockear (judicialmente) a tantos Torina que andan por la vida jodiendo al prójimo. Ahora, al menos, además de las cámaras ocultas, los amigos de lo ajeno deberán cuidarse del implacable GPS.
¿Será muy alocada la idea de incluir en los futuros presupuestos municipales y provinciales una partida para adquirir GPS anticorruptos? Aunque pensándolo bien, esto acarrearía otro problema: ¿quién nos garantiza que no habrá tongo en la licitación?

(Publicado en Diario Los Andes, 26 de marzo de 2010)