En medio del llanto, la vecina de Ayelén (la chica de 19 años asesinada ayer por su padre)contaba ante la cámara de Canal 7 lo que ahora, en frío y pasado lo peor, amerita investigar a fondo: el homicida ya había sido formalmente denunciado por su hija. Sin embargo, pudo llegar hasta ella y matarla.
El 14 de setiembre la joven se había presentado en una oficina fiscal de Luján para acusar al hombre por un abuso sexual ocurrido hace tres años y medio.    
La Justicia ordenó la exclusión de Roque Arroyo del hogar que compartía con Ayelén.  
Si bien el fiscal del caso le tomó declaración, lo dejó libre mientras se desarrollaba la instrucción. Por tratarse de un hecho ocurrido hacía unos años, paradójicamente ese tiempo jugó a favor del asesino y en contra de la víctima. 
 El padre de la chica no soportó estar bajo la lupa judicial y fuera de su casa, por lo que tomó la decisión más extrema: vengarse de su hija matándola delante de su nieto de un año y de otro hijo de 11.
Aunque se haya procedido conforme a lo que marca la ley, volvió a fallarse en la contención de la víctima.
Alejarlo de la adolescente, que era víctima de abusos y maltratos desde hacía muchos años, según confirman en su entorno, no era garantía de que el hombre no fuera a atacarla en cualquier momento.
Hay incontables casos similares en la previa de otros tantos femicidios que se podría decir que el de Ayelén era un final previsible.
No es arbitrario sostener que hubo abandono de persona cuando nada impedía un acercamiento del agresor, aunque el fiscal asegure que había una orden de restricción. Como si a los femicidas esa disposición lograra disuadirlos. 
Pero ese abandono no es sólo de la Justicia que intervino a raíz de la denuncia de la chica. Es del Estado en su totalidad, que atiborra de personal sus oficinas pero no envía a los profesionales en temas de vulnerabilidad social a que se embarren los zapatos en barrios como el de Ayelén. 
Esta vez la solidaridad de los vecinos de la chica asesinada, que solían ayudarla con ropa, comida y a veces contención, no alcanzó para protegerla de la brutalidad paterna. 
Lo que debería alcanzar son las escalofriantes estadísticas para que la Justicia y los organismos públicos alguna vez reaccionen a tiempo.

(Diario UNO, 29 de setiembre de 2016)
El complejo presente que vive Santa Rosa vale como caso testigo de lo que ocurre cuando una comuna deviene en feudo y se la pretende manejar con la impronta de un patrón de estancia. 
Con menos de 20.000 habitantes, esa pequeña ciudad del Este atraviesa una crisis terminal, con un ex intendente preso -Sergio Salgado- acusado de fraude a la administración pública, peculado, asociación ilícita y emisión de cheques sin fondos (¡cerca de 500!)y un desempleo alarmante. 
Tan delicado es el tema laboral que la amenaza del empresario Jorge Castillo de levantar y llevarse La Salada de Cuyo encendió las alarmas. 
Hace tres años ese proyecto desembarcaba, polémica de por medio, en suelo santarrosino y despertaba la lógica expectativa de bonanza para los lugareños. 
Muchos de ellos encontraron allí una posibilidad laboral real, pero en realidad buena parte de los puesteros no son oriundos de la zona. 
Con idas y vueltas entre Castillo y Salgado (al cual le adjudican quedarse con una buena tajada por el estacionamiento en ese predio), el plan inicial no terminó de cuajar del todo.
La concejala a cargo de la intendencia, Norma Trigo, no tuvo empacho hace unos días de reclamarle al díscolo Castillo el pago de una millonaria deuda (habló de $20 millones en tasas municipales).
El empresario no se dio por aludido y cargó las tintas denunciando que lo están echando, por lo que el 31 de diciembre daría el portazo.
En realidad, lo de Castillo es un jugoso negocio inmobiliario donde, merced a sus contactos políticos, suele ser más lo que recauda que lo que invierte en sus respectivas “saladas”.
Complicados por la falta de empleo, otros microemprendedores locales apuestan a un nuevo predio ferial que contenga a buena parte de los que quedarán fuera de La Salada de Cuyo. 
Pero una porción más significativa de los santarrosinos aún depende de su trabajo en la comuna y hoy, con sus arcas al rojo vivo, los reclamos gremiales están a la orden del día.
La esperanza de superar este crítico panorama está puesta en las elecciones del 11 de diciembre (PASO) y del 12 de febrero (generales). 
Quien tome la posta de Salgado deberá llegar con un atributo fundamental para el cambio: una nueva forma de entender la política. 

(Diario UNO, 14 de octubre de 2016)
Ante los recurrentes reclamos de la sociedad en temas sensibles como la inseguridad, la inflación o los aumentos salariales, no se percibe como esperable contracara el acuse de recibo de los destinatarios de ese clamor popular. 
Desde el retorno de la democracia en diciembre de 1983, la política se convirtió en el único y verdadero instrumento para afianzar un sistema que requiere de un inteligencia y equilibrado funcionamiento de los tres poderes.
Y a medida que esa democracia se consolidó, la política se transformó más que en un medio para generar cambios, en un fin. Una profesión más rentable y buscada que cualquiera.  
Así es como en el presente son contados con los dedos de una mano los políticos que, una vez que han probado las mieles del poder, vuelven al oficio para el cual estudiaron y se prepararon con el objetivo de ganarse la vida.
Si esa digna tarea se ha ido desprestigiado con el paso de los años, en buena medida fue porque cada vez más se acentuó el divorcio entre el decir y el hacer.
La sensación generalizada es que poco tiene que ver aquello que se prometió en campaña con lo que, una vez en el gobierno o un cargo determinado, finalmente se hace. O mejor dicho, no se hace.
Los auténticos pedidos de auxilio que se escuchan por estos días ante el desmadrado avance del delito no encuentran eco en aquellos que por su rol deberían dar alguna respuesta.
Su inacción o su impotencia, para el caso dan lo mismo. Lo cierto es que carecen de argumentos sólidos para quienes están en una situación límite; sea ésta una cuestión de seguridad o tenga relación con la siempre fluctuante economía.
El cuero curtido de funcionarios, agentes públicos y dirigentes de toda laya, explicaría a su modo por qué la mentada grieta ya no se reduce a K versus los anti K y se profundiza día a día.
Es más simple. No hay empatía por el otro. Por lo que le pasa al otro. Y esto no es sólo adjudicable al estilo PRO de (no) hacer política.
Podría afirmarse que es una práxis generalizada. La defensa de la quintita corporativa está provocando un peligroso alejamiento de ese ciudadano de a pie al que de tanto en tanto (léase cada elección)se busca con impostado interés.
Repensar el poder que significa transformar la realidad de uno o millones de argentinos es parte de una autocrítica que, por lo visto, no habrá de producirse en el corto plazo.

(Diario UNO, 16 de octubre de 2016)
Hay momentos de la historia en que el hartazgo tracciona mucho más que el poder de convencimiento. 
Las cifras en permanente ascenso de los femicidios y las denuncias de violencia de género en la Argentina son tan elocuentes que se agotaron las palabras para intentar resumir tamaño fenómeno.
Como grito de guerra y símbolo de lucha, la expresión “Ni una menos” intenta graficar ese hartazgo, esa sensación de “hasta acá llegamos”.
Por tratarse de un drama real, de todos los días, ya no se puede mirar hacia otro lado. 
Si de algo han servido las reiteradas marchas y expresiones de agrupaciones feministas es que en cada una de ellas se fueron sumando niños, adolescentes y hasta hombres que entienden que hay que acompañar a las víctimas y decirles que no están solas. 
Pero también es una forma de involucrar a toda la sociedad porque, en mayor o menor medida, la violencia de género habla de una problemática más profunda que tiene que ver con los vínculos familiares, la educación y la compleja dinámica social.
La única mujer de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, se convirtió en una fuerte aliada a la hora de visibilizar aún más este flagelo. 
“Quiero exhortar a los jueces a que piensen con perspectiva de género. No hay excusa para la violencia doméstica, no hay excusa para ninguna violencia”, fue el fuerte mensaje que la magistrada difundió ayer mediante un video.
Es cierto, no hay justificación, pero la violencia está cada vez más arraigada y es tan fuerte su presencia que se naturalizan situaciones que deberían encender la alarma. 
Basta poner la mira en el fútbol, sus negocios y sus barrabravas, en las mil variantes que adopta el delito para tenernos de rehenes, en las batallas campales a la salida de algunos boliches, en las consecuencias de los conductores imprudentes. 
La vestimenta negra de quienes participaron de la masiva marcha de ayer representó además la expresión del luto por esos 226 femicidios en lo que va del año. 
Suficientes para decir basta. Y ni una menos.    

(Diario UNO, 20 de octubre de 2016)
Aquiles o El guerrillero y el asesino, de Carlos Fuentes. Alfaguara. 191 páginas. 

Toda obra póstuma, sobre todo aquella que no tuvo el zurcido final del autor y aún estaba en estado embrionario, suele dejar un regusto amargo en los lectores; mucho más si estos han sido fieles seguidores del escritor en cuestión.
Una vez que trascendió que se publicaría la novela en que trabajaba Carlos Fuentes cuando lo sorprendió la muerte, la noticia provocó dos lógicas reacciones: entusiasmo, porque habría más páginas para disfrutar del mexicano, y temor, por la posibilidad de que esa obra decepcionara por inconclusa.
En Aquiles o El guerrillero y el asesino ambas expectativas se sortean con relativo éxito. Si bien queda claro desde el vamos que estamos ante un trabajo que hubo que armar como un complejo puzzle, el resultado final no es decepcionante. Mérito adjudicable a la delicada edición de Julio Ortega, amigo entrañable de Fuentes, pero ante todo gran conocedor de la obra del autor de La región más transparente.
Según relata en el inicio Silvia Lemus, la mujer de uno de los mayores narradores que tuvo México, Fuentes trabajó intermitentemente en el manuscrito de Aquiles durante los últimos 20 años de su vida. 
Como la historia está basada en la biografía del colombiano Carlos Pizarro, uno de los líderes del movimiento guerrillero M-19, la idea del escritor era no publicarla hasta que el conflicto más antiguo del continente culminara.
El reciente acuerdo de paz sellado entre el presidente Santos y el jefe de la FARC, Rodrigo Timochenko Londoño abrió las puertas a que la última obsesión de Fuentes llegara a los lectores.
Mezcla de crónica y ficción, Aquiles parte con el suceso real del asesinato de Carlos Pizarro, quien había visualizado que la única forma de superación de la guerrilla era pasar a la política formal y desde esa plataforma provocar los cambios en la sociedad a los que aspiraba desde siempre.
Sueño que queda trunco cuando un grupo de sicarios lo aborda en un avión. Sentado muy cerca, Fuentes observa y testimonia cada detalle del impactante crimen. Desde la ficción, el escritor-narrador se instala en un lugar privilegiado para remontar vida y obra  de Pizarro y revelarnos un mundo apasionante. 
El lector, una vez más, agradecido por esa mirada única que siempre invita a ir por más páginas del mexicano.

(Diario UNO, suplemento Escenario, 25 de octubre de 2016)
En medio de la apabullante seguidilla de femicidios y de otras tantas versiones de la repudiable violencia de género, la buena noticia de Trinidad Rojas Campos irrumpe como un necesario bálsamo.
Esta afable abuela de 80 años, nacida en Bolivia y radicada en Mendoza desde 1950, fue distinguida ayer por la Legislatura provincial por haber culminado la escuela primaria.
Con convicción, esta mujer que ya había cumplido con creces su rol de madre, criando amorosamente a sus hijos y dándoles la posibilidad de formarse profesionalmente (dos hijas son médicas y el hijo contador), decidió enfocarse en otro objetivo loable: estudiar.
Esa había sido una materia pendiente toda su vida y esta vez ni siquiera la edad le pondría límites para decidirse a dar el gran paso.
Su ejemplo alcanza una magnitud mayor si se le contrapone el dato de que en la Argentina actual hay un millón de “ni ni”, es decir de jóvenes que ni estudian ni trabajan.
De ese número, más de 700 mil ni siquiera están intentando insertarse en el mercado laboral.
La mayoría cuenta con amplias posibilidades de concretar una u otra opción, sin embargo prefiere ceder a la ley del menor esfuerzo.
En ese contraste, aún más significativa se torna la historia de Trinidad, quien ratificó su perfil de luchadora no sólo por terminar la primaria sino también por no conformarse e ir por una próxima meta: cursar la secundaria.
 Haber transitado una vida difícil, trabajando duro desde pequeña y luego padeciendo significativas pérdidas afectivas, no hizo más que templar su carácter y confirmar esa verdad de Perogrullo que sostiene que “nunca es tarde si uno se lo propone”.
La historia de Trinidad es, como la de otros tantos abuelos tenaces, el ejemplo de quienes pese a la avanzada edad no se sentaron a esperar a la parca con la idea de que ya habían hecho todo en esta vida.
Puede resultar algo arbitrario comparar situaciones y contextos tan distintos, pero no estaría nada mal que muchos de esos “ni ni” se contagiaran del espíritu de la incansable Trinidad. 
Quienes están entre ella y ellos como simples testigos, deberían tender un hipotético puente para conectar ambas realidades. 

(Diario UNO, 29 de octubre de 2016)
Si todos son inocentes, finalmente ninguno es culpable. Con variantes de un mismo discurso, todos los aludidos dicen ser víctimas. Por lo general, y para no hilar demasiado fino, de la “persecución
política”.
Nadie de los señalados, sospechados o imputados, considera que, pese a haber ocupado importantes puestos en el Estado, debe rendir cuentas como cualquier hijo de vecino. 
Con más razón, si a sus cargos en el sector público llegaron ya fuere por el voto popular o, por extensión, designados por quienes en su momento fueron ungidos democráticamente.
La contracara de este fenómeno de quienes se victimizan con ínfulas de figuras intocables es el (pre) juzgamiento ciudadano que, ante las primeras informaciones, sentencia según su posición política o, peor, según su arbitraria percepción del acusado. 
Aquí los argumentos son lo de menos. El otro es el enemigo y al enemigo ni justicia.
Al mejor estilo acrítico de las redes sociales, si le cae mal (como si se tratase de un actor sobrevaluado o un futbolista que anda peleado con el arco), bastará para que se expida livianamente con un “a ese hay que meterlo preso”.
Poco importará si hay razones de peso, léase pruebas contundentes, documentos oficiales, investigaciones serias, que certifiquen que los Báez, los López, los De Vido y hasta los Kirchner deben ser sometidos a un juicio.
¿Por qué seguir aceptando como una suerte de torpe defensa que porque desarrollaron una función política de alta exposición no son responsables? 
Manejaron cajas estratégicas más que jugosas, tuvieron la posibilidad de estampar su firma y avalar obras millonarias, ¿por qué confiar en que no tocaron un peso?
Deben rendir cuentas. Nos deben rendir cuentas a todos los ciudadanos. 
Es lo que marca la ley bien entendida y el sentido común, pero sobre todo lo marca una palabra cada vez más despreciada: el compromiso. 
Ese valor de cambio que tan poco cotiza hoy en día.

(Diario UNO, 5 de noviembre de 2016)

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